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Vicepresidente de la Cámara por proyecto que perfecciona pago de pensiones de alimentos “se va a ase


Aconcagua - Despachado al Senado quedó el proyecto refundido que modifica la actual legislación en materia de sanciones y cobranzas contra los deudores de pensiones alimenticias, como forma de proteger a miles de menores y sus familias que luego del retiro del 10% de los fondos de las AFP, quedó al descubierto la vulnerabilidad que viven diariamente al momento de hacer cumplir las obligaciones legales.

La iniciativa se encarga de cubrir y perfeccionar distintas materias, incluyendo también a los trabajadores a honorarios, y también de crear un registro de Condenados por Violencia Intrafamiliar y Deudores en Mora por Pensiones de Alimentos, hecho que fue valorado por el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo González “lo importante es que se va a asegurar que los padres cumplan con esa obligación sagrada que tienen con sus hijos y para ello se consideran sanciones que equivalen a las aplicadas por casos de violencia intrafamiliar, de tal manera que si no se cumple el pago de la pensión habrá pena de cárcel”.

El proyecto deja establecido que será el empleador, ya sea para un trabajador dependiente o independiente, quién hará la retención para cumplir con las deudas o saldos de las resoluciones judiciales, lo que para el diputado González viene a garantizar el cumplimiento de los pagos, y principalmente la protección de los menores “con estas medidas se complementa la ley que aprobamos del retiro del 10%, consagramos un mayor respeto a la mujer, a la familia, y sobre todo a los hijos e hijas y su protección como corresponde”.

Este nuevo registro de Condenados por Violencia Intrafamiliar y Deudores en Mora por Pensiones de Alimentos, tendrá el objetivo prohibir la obtención o renovación de la licencia de conducir, obtener o renovar pasaporte, salir del país durante el tiempo que permanezca en el Registro, postular a cargos públicos de elección popular, ser nombrado funcionario público o ingresar a la carrera judicial, e inscribir la compra y venta de vehículos motorizados en el Registro Civil.

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